Rolo Moreno
En un nuevo capítulo que sacude a la provincia de San Luis, el gobierno de Claudio Poggi ha intervenido un club de fútbol femenino fundado en 2022, tras descubrir la presunta transferencia de 290 millones de pesos en los últimos días de la gestión de Alberto Rodríguez Saá.
La investigación liderada por el nuevo director de Deportes, Gabriel Rivero, reveló que la saliente secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, autorizó el 7 de diciembre la transferencia de la abultada suma de dinero hacia una entidad descentralizada, también dirigida por ella misma. Esta entidad, a su vez, habría canalizado los fondos hacia el San Luis Fútbol Club, donde Ramírez ocupaba nuevamente un cargo destacado.
La Dirección de Personas Jurídicas del gobierno puntano intervino el club y nombró una comisión para normalizar la situación en un plazo de 180 días. La medida ha sido cuestionada por la AFA, que considera que viola el principio de no intervención política en las instituciones deportivas afiliadas, llevando a la suspensión de toda la Liga Sanluiseña de Fútbol.
Según la investigación, el San Luis Fútbol Club inició sus actividades en 2022 y logró ascender a la máxima categoría del fútbol femenino en 2023, resultando campeón de la Primera División B de AFA. Sin embargo, la entidad presenta irregularidades en su historial financiero, ya que, según la Dirección de Personas Jurídicas, se autorizó su funcionamiento el 6 de enero de 2023 y aún no había cerrado su primer ejercicio.
La Dra. Lorena Domínguez de la Dirección de Personas Jurídicas de San Luis explicó que la intervención se basó en la preocupación expresada por el Secretario de Deportes, Gabriel Rivero, quien alertó sobre giros significativos de dinero desde la Secretaría de Deportes hacia el San Luis Fútbol Club a través de un ente desconcentrado de deportes, todos liderados por Cintia Marina Ramírez.
Este escándalo de corrupción plantea serias interrogantes sobre la gestión financiera y la transparencia en la administración deportiva en San Luis, dejando al descubierto presuntas prácticas irregulares que ahora serán objeto de una exhaustiva investigación por parte de las autoridades.
