La Liga Mendocina atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente tras la salida de su presidente y de toda la conducción dirigencial. La dimisión fue presentada por motivos de salud, aunque se produjo en un contexto marcado por investigaciones judiciales, denuncias administrativas y cuestionamientos internos que venían debilitando la estructura institucional.
El detonante principal del conflicto fue un allanamiento realizado en la sede de la entidad, en el marco de una causa que investiga el presunto desvío de aproximadamente 130 millones de pesos hacia empresas vinculadas al entorno familiar del ahora ex titular. El procedimiento generó un fuerte impacto dentro del ambiente futbolístico provincial y aceleró los tiempos políticos dentro de la organización.
A la investigación económica se sumó otra causa que agravó la situación: la detección de certificados médicos irregulares utilizados para habilitar a jugadores juveniles. Según se estableció, la firma encargada de realizar los aptos físicos no contaba con autorización del Ministerio de Salud, lo que derivó en imputaciones por presunto ejercicio ilegal de la medicina.
Este episodio generó preocupación en clubes, familias y dirigentes, ya que los controles médicos son un requisito esencial para la seguridad de los futbolistas en competencia.
El nuevo escenario político de la Liga
Frente a este panorama, se realizó una reunión clave encabezada por Natalio Mema, actual ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de la provincia de Mendoza. Allí se definió que la institución no será intervenida por el Estado y continuará funcionando bajo un esquema de reorganización interna.
La principal medida adoptada fue la conformación de una Comisión Normalizadora integrada por los clubes fundadores, que tendrá a su cargo la administración de la Liga hasta fines de 2026. Este órgano deberá estabilizar la situación institucional, ordenar el funcionamiento administrativo y garantizar la continuidad de los torneos.
El presidente interino aún no fue designado y será elegido entre los propios representantes de los clubes que integren la comisión.
Elecciones y objetivo: recuperar la normalidad
El cronograma establecido prevé que las elecciones definitivas para renovar autoridades se realicen entre febrero y marzo de 2027, una vez finalizado el proceso de normalización.
Desde los sectores vinculados al fútbol local coinciden en que el desafío inmediato será restablecer la credibilidad de la institución, regularizar su situación contable y volver a centrar la atención en la organización deportiva. La presentación de balances adeudados y la promesa de completar el último período contable fueron claves para evitar una intervención externa.
